Karl Popper fue uno de los
filósofos de la ciencia más importantes del s.XX. En una de sus obras
principales, “La sociedad abierta y sus enemigos”, este teórico del liberalismo
político intenta explicar la lenta transición desde una sociedad tribal o
cerrada a las sociedades abiertas y civilizadas. La obra es un ataque a todas
las formas de totalitarismo y una defensa de las democracias liberales. En el
centro de esta crítica, se encuentra la filosofía de Platón, a la que Popper
considera el origen del pensamiento que más tarde daría lugar a los
totalitarismos contemporáneos. Hay en Platón una férrea negación del individuo
y una defensa del colectivismo basada en la estabilidad y el poder del Estado.
A lo largo de su pensamiento, Platón trata de responder a la pregunta “¿quién
debe gobernar?”. Este planteamiento supone que el poder político es
incontrolable y lo que hay que hacer es esperar a que llegue o se imponga aquel
que puede salvarnos del caos. Pero para Popper, el punto de partida a
considerar, es que los políticos no siempre son buenos. Es erróneo basar
nuestra política en que tendremos gobernantes mejores y más capacitados. Por
ello, la pregunta sensata sería: "¿En qué forma podemos organizar las
instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no
puedan ocasionar demasiado daño?".
Para Popper, los mecanismos
democráticos (voto, legalidad, gobierno representativo) son, en realidad,
instrumentos para evitar la tiranía. Sin embargo, en países democráticos como
España, se ha demostrado que dichos instrumentos parecen no ser suficientes. En
los últimos años son precisamente, los costes creados por los errores de las
decisiones de los políticos, los que han llevado al país al borde de la quiebra. Por ello, son necesarios nuevos
mecanismos de control al Estado para evitar estos errores. De entre las muchas
opciones, una posible solución es limitar o establecer condiciones para acceder
a ciertos cargos gubernamentales. En momentos como este, la ciudadanía se hace
eco de la necesidad de estar gobernados por especialistas con un conocimiento
específico sobre su campo de actuación. De ahí, que el objetivo de esta medida
sea conseguir gobernantes preparados y capacitados que minimicen los costes de
los errores políticos. Resulta pues, paradójico, que en plena defensa liberal
de más control al poder político, como la que hace Popper, estemos buscando
precisamente a los nuevos sabios platónicos. Es en esta aporía en la que nos
vamos a mover conscientemente.
Hasta hace unos años, la mayoría
de los ciudadanos no percibían a los políticos como un problema. Las cosas
parecían funcionar con una inercia que la incapacidad de nuestros políticos
parecía no alterar. En teoría, las personas que
ocupan los altos cargos son los más preparados. Lamentablemente, en países como
España se ha creado un problema de selección adversa en el que justamente los
menos capacitados son los que ocupan los puestos de mayor exigencia. Hay
cientos de ejemplos de políticos incompetentes que no están lo suficientemente
preparados para desempeñar su cargo. Probablemente uno de los casos más
estrepitosos es el de José Blanco, ministro de Fomento y portavoz del Gobierno
en la era Zapatero. Veamos, ¿qué estudió Blanco para poder ser ministro?. Bachillerato.
Ya está. Y, sin embargo, este señor sin estudios universitarios era el
encargado, nada más y nada menos, de liderar la gestión de los servicios de
infraestructuras de transporte, de acceso a la vivienda, de edificación,… entre
otros. ¿De verdad hay alguien que piense que con sólo Bachillerato este señor
estaba capacitado para un puesto tan complicado y fundamental?. ¿Qué ventajas
de gestión podía encontrar nuestro ex-presidente en esta elección?.
Probablemente la de tener cerca a alguien que le había ayudado activamente a
lograr el poder, alguien que controlaba con mano firme la disidencia dentro del
partido, o que había apartado a la "vieja guardia" de todos los
espacios de influencia. Valores todos muy alejados de la dura tarea de gestión
que le fue encomendada.
Pero, tristemente en el Partido
Popular también tienen una amplia colección de políticos incompetentes. El caso
más claro es el de Francisco Camps, hasta hace poco presidente de la Comunidad Valenciana.
Este “ilustre” político estudió Derecho en su juventud. Parece que unos
estudios superiores tampoco son, por si mismos, una seguridad para la buena
gestión. A base de grandes eventos y construcciones megalómanas, fue capaz de
cuadriplicar la deuda superando los 20.000 millones y casi sin inmutarse. Llevó
a su comunidad a la ruina más absoluta sin percatarse siquiera de la tragedia que había generado.
Seguramente, al igual que Zapatero, pensaría ingenuamente que la economía se
estudiaba en dos tardes… La cuestión es: ¿había alguien capaz de poner coto a
ese dispendio, de enfrentarse al “Molt Honorable” y advertirle que no podía
seguir gastando de esa manera?. ¿Algún ministro o asesor de Zapatero tuvo la
valentía de persuadir a Zapatero para que no siguiera dándole la espalda a la
realidad y negando la crisis?. No, todos callaron, bajaron las orejas y
obedecieron fielmente sin rechistar. Aún se recuerda lo que le dijo Zapatero a
Solbes (exministro de Economía) cuando éste le advirtió de la urgencia de
reducir gastos: “No me digas que no hay dinero para hacer política”. Y eso
mismo hizo Solbes. Nadie cuestiona al líder porque son elegidos precisamente
para ello.
Si la ciudadanía todos estos años
pensaba que políticos como estos estaban capacitados para sus puestos es
precisamente porque éstos les manipulaban mediante su dominio del discurso, y la
manipulación en los medios de comunicación. Se trata de auténticos sofistas
capaces de justificar lo injustificable, de hablar sin decir nada, de contestar
a preguntas sin responderlas. Cavernícolas intelectuales sin Ideas y sin un
sólo ápice de respeto y cariño hacia el pueblo. Políticos que se quedaron en
los primeros pasos del proceso dialéctico y que por saber, no saben ni lo que
éste significa.
Llega el momento entonces de
preguntarse de dónde vienen nuestros políticos hoy en día, ¿cómo logra acceder
a la política toda esta maraña intelectual?. En su mayoría, todos ascienden
desde las juventudes y fundaciones de sus respectivos partidos políticos. Por
tanto, para llegar a la política ya existe un filtro ideológico y partidista.
Estas academias del nuevo sofismo funcionan de una manera parecida a los
mercados internos. Inicialmente, los jóvenes políticos ocupan los cargos más
bajos y, poco a poco, van ascendiendo a medida que aprenden a dominar y
manipular el discurso y a ganarse a sus superiores. En esta escalada, acaban
ocupando cargos gubernamentales sin importar su formación académica.
Este proceso de “dialéctico” choca
de frente con el principio de Peter. Este principio establece que en una
empresa, todos los trabajadores ascienden hasta un punto en el que son
incompetentes. Que una persona sea buena en un puesto de trabajo, no garantiza
que sea buena en otro. Lo mismo ocurre en
la política. Como se ha mencionado anteriormente, los políticos
ascienden desde las fundaciones de los partidos hasta los altos cargos, como la
secretaría de un grupo parlamentario o, incluso, una cartera ministerial. En
este ascenso, llega un punto en el que los políticos son incompetentes y sus
errores generan muchos costes evitables. Por ello, la clave reside entonces, en limitar el acceso a los niveles donde los
políticos alcanzan el grado de incompetencia.
Para clarificar mejor esto,
tomemos un ejemplo: la ministra de Sanidad, Ana Mato. Esta mujer estudió
Ciencias Políticas y Sociología en la universidad. Desde muy joven se afilió
junto con su hermano en el Partido Popular (Alianza Popular por aquel
entonces). Supo ganarse la confianza y la amistad de sus superiores y fue
ascendiendo poco a poco sin importar en ningún momento sus capacidades
intelectuales y su preparación académica. Aprovechó así, su matrimonio con el
político Jesús Sepúlveda para hacerse un hueco en la cúpula del partido. En su
trayectoria política ha ocupado numerosos cargos como diputada del PP hasta que
en 2012 Mariano Rajoy la nombró Ministra de Sanidad. Es en este momento en el
que el Peter entra en acción. Según este principio, probablemente Ana Mato sea
una persona esté lo suficientemente capacitada como para ejercer de diputado o parlamentario, pero en ningún caso
puede ser competente como Ministra de Sanidad. Ser ministro de algo tan
fundamental como la Sanidad
requiere una formación en gestión sanitaria y una larga experiencia en el
sector. La señora Ana Mato no ha estudiado nada relacionado con gestión
sanitaria y tiene cero experiencia en este campo. ¿Cómo podemos pretender que
esta mujer realiza la reforma sanitaria que tanto necesita España?. ¿Qué clase
de presidente del gobierno delega en plena crisis un ministerio tan importante
a alguien tan poco preparado para él como la señora Mato?. ¿Estaba en ese
momento el señor Rajoy pensando verdaderamente en la Sanidad o en sus amistades
dentro del partido?. Por estos motivos, debemos limitar el acceso a los cargos
en los que los políticos como la señora Ana Mato alcanzan su nivel de
incompetencia.
Resulta curioso que en otros
países como Estados Unidos o Alemania este problema de selección adversa en la
política no existe, es impensable. No comprenderían por qué no son los más
capacitados los que desempeñan una función. Les parece irracional lo que ocurre
en España y es que, en cierto modo, lo es. Allí, a diferencia que aquí, sí que
existe una cultura y una tradición de búsqueda de la excelencia, de seleccionar
al mejor, al profesional, al tecnócrata. Lo importante no es la ideología o el
partido del se proceda, sino la formación y experiencia. He aquí la gran
diferencia. En España los partidos se han convertido en centros de poder,
espacios donde alcanzar el éxito personal sin importar la formación ni los
méritos reunidos. La clave no sólo reside en la ideología, sino en saber
ganarte de la confianza de tus superiores y adquirir la ciencia de medrar y
conspirar dentro del partido. De esta manera, y como si de una epidemia se tratara,
el enchufismo se ha extendido y ha contaminado todas y cada una de las
instituciones. Ya no se premia a las personas espabiladas con experiencia,
capacidad crítica e inteligencia, sino a aquellos que se callan y sólo están
para alabar y acatar las decisiones de sus superiores. Se ha perdido la
búsqueda de la excelencia y se ha dado paso a la obediencia ciega como si de
vasallos se tratase. Ello ha permitido que la partitocracia haya creado una red
caciquil de contactos e intereses que ha producido una degradación enfermiza del
Estado. De ahí que una de las opciones para eliminarla sea precisamente
acabando con una de sus herramientas principales: la dedocracia.
Entonces, si
los políticos que tenemos hoy en día no son competentes para su puesto, ¿cómo son
capaces de gobernar y sacar leyes adelante?. Porque no están solos. Por cada
político con un cargo que desconoce, tenemos que sumar el enorme gasto en
asesores que en su mayoría sí tienen un conocimiento específico sobre dicha
área. Decimos “en su mayoría” porque hay numerosos ejemplos en los que los
propios asesores son aún más ineptos que los políticos a los que aconsejan. Se
trata de cargos de confianza elegidos a dedo cuya elección suele ser víctima
también del enchufismo. Se estima que en España hay entre 15.000 y 17.000
asesores políticos que cuestan aproximadamente 850 millones de euros.
Realmente, son ellos los que gobiernan y toman las decisiones importantes en
muchos casos, como los de la ministra Mato o el ex ministro Blanco. Por tanto,
¿para qué sirve el político?, ¿para qué queremos a alguien que no gobierna y
que simplemente se dedica a dar voz a las decisiones de sus asesores?.
Si bien es
cierto que nuestra búsqueda del gobernante sabio se presenta como
imprescindible, no podemos caer en el optimismo intelectualista. Nada garantiza
que el técnico no se corrompa y que no se aproveche de su poder. Por ello, como
bien defiende Popper, la sociedad debe tener mecanismos democráticos para
expulsar a los corruptos y controlar a los políticos. Algunos de esos
mecanismos podrían ser la independencia de las instituciones y del poder
judicial, leyes anticorrupción y de transparencia,… El objetivo sería cortarle
los tentáculos a la oligarquía de partidos, acabar con ella y poner de una vez
por todas, el poder político al servicio
de la ciudadanía.
Para acabar,
es necesario aclarar que las restricciones o condiciones para a acceder a
ciertos cargos políticos se deben aplicar sólo en aquellos casos no elegidos
democráticamente y en los que se requiera una técnica y un conocimiento
específico, como una cartera ministerial o una consejería. En cambio, en los
cargos con un carácter político y elegidos democráticamente, estas
restricciones no se aplicarían ya que así se garantiza el libre acceso de la
ciudadanos a la política. Es el caso, por ejemplo, de los parlamentarios y de
los diputados. A pesar de esto, muchos podrían calificar esta medida de
antidemocrática. No se darían cuenta entonces, de que precisamente esta medida
no busca el fin de la democracia, sino el mejor funcionamiento de sus
instituciones. Al fin y al cabo, sólo se aplicaría a los cargos que los
ciudadanos no eligen. Ahora bien, pregúntense lo siguiente. ¿Se imaginan ser
operados un médico que no ha estudiado medicina?, ¿entrarían en un edificio que
no ha sido diseñado por un arquitecto profesional?, ¿subirían en un avión pilotado
por alguien que no entiende de aviones?, ¿a que no?. Sería irracional y muy
arriesgado. Entonces, ¿por qué estamos gobernados por políticos ineptos que no
conocen su puesto de trabajo?, ¿sería ilógico pedir un mínimo de formación para
aquellos que sustentan cargos de tanta responsabilidad?. En resumen, la idea de
todo esto es encontrar tecnócratas y profesionales que hayan completado el
proceso dialéctico. Políticos con Ideas e inteligencia moral que más que
ascender, deben descender para devolverle al pueblo lo que éste le dio en su
día (el político de Platón descendía del Mundo de las Ideas a la Caverna para gobernar al
pueblo y mostrarles lo que ha visto y aprendido). En esta aporía, mediante el
gobernante platónico, estaríamos dando a la ciudadanía justamente las garantías
que Popper reclama para minimizar los daños causados por el poder político y
por el Estado.
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